El año pasado nació Salud Un Derecho y desde su inicio marcamos claramente la definición fundacional que íbamos a tener: que la salud es un derecho y que, en consecuencia, no debe ser nunca un negocio. Revisamos lo que estaba pasando en Europa y nos dimos cuenta que los españoles ya llevaban tiempo en esto, con su “Mi Salud No es un Negocio”, precisamente porque estaban en una situación parecida a la nuestra, con unos sistemas públicos de salud fuertes, pero bajo una arremetida privatizadora y pro-mercado de las autoridades socialistas en el gobierno, así como de las fuerzas pro-mercado de las comunidades. También vimos lo que pasaba en Inglaterra y lo encontramos horroroso: los ingleses tenían el modelo mundial de sistema público de salud, el NHS, y desde 1990 estaban bajo el efecto de sucesivas reformas pro-mercado instaladas y conducidas por los laboristas. Las consecuencias en estos dos países estaban a la vista, con niveles de deuda pública disparada y sacrificio en la calidad de la atención y equidad en la cobertura.
No queríamos que esto pasara en Chile. Mas aún, queríamos luchar por corregir las distorsiones que existen, para volver a un concepto solidario de salud, como el que existía antes de las reformas de Büchi a principios de los ochenta. Esto lo llamamos “la reposición de la solidaridad en salud” y definimos que sería nuestro proyecto histórico. La concreción de esta idea sólo se podría dar en la medida en que se haga una reforma estructural cambiando profundamente las bases de financiamiento de la salud en Chile a fin de hacernos cargo de los niveles de desigualdad insoportables que tenemos, así como el excesivo gasto de bolsillo en salud y la disminución de cobertura en acciones sanitarias demasiado importantes para la gente, como aquellas que se realizan en la atención primaria.
Por eso dijimos que no podía haber lucro en salud, que no podía haber un negocio en salud, porque se necesitan de todas las manos y de todos los recursos para poder dar a los que tienen menos y necesitan más, una habilitación en salud mínima que les permita vivir en dignidad y para que puedan sentir que en efecto, la salud es un derecho para cada habitante de este país.
El año pasado no había movilización estudiantil manifiesta. Cada uno debatía estas ideas entre su grupo de pares. Hasta que explotó el tema en la calle. Y hoy nos encontramos con que las demandas de los estudiantes y ciudadanos movilizados convergen con las demandas de los trabajadores y usuarios de los servicios de salud, así como con los fallos del Tribunal Constitucional, así como con las opiniones sondeadas una y otra vez por las encuestas, así como con el sentido común prevalente.
Sin embargo, sigue habiendo una cantidad no menor de personas que tienen vocerías temáticas y políticas fuertes que siguen insistiendo en que el tema aquí no es el lucro, que el mercado regulado puede funcionar para la prestación de servicios que están relacionados con derechos fundamentales como la salud y la educación.
Y los universitarios seguirán en la lucha. Y se sumarán siempre más personas que no quieren que siga este estado de cosas, y que están dispuestos a dar todo para cambiar radicalmente el status quo. La mirada de la sociedad no es lo que cambia, siempre en Chile se ha valorado la acción colectiva y solidaria. Lo que ha cambiado es la voluntad de lucha de muchas personas, que por primera vez ven que es posible expresar mayorías poderosas que impongan su voluntad por sobre las élites sobrerrepresentadas en virtud de un ilegítimo sistema binominal.
No puede haber lucro, bajo ningún punto de vista, ni en educación, ni en salud. No puede haber más Estado subsidiario, donde se pasan platas de todos los chilenos directamente a los bolsillos de empresas cuya rentabilidad ya alcanza niveles escandalosos, como bancos y universidades. ¿Cuántas marchas se tendrán que hacer para que esta voz se escuche? ¿Cuántas encuestas adversas se tendrán que entregar a las manos del presidente para que escuche lo que la gente quiere? ¿Cuánta más crisis de representatividad tiene que haber para que se produzca la trizadura final en el sistema político chileno que permita el nacimiento de un sistema democrático real que la gente sienta como legítimo y propio?
Aquí hay dos corrientes que fluyen en direcciones opuestas: una, del establishment (da lo mismo el sector político al que pertenezca) que ha rentado y disfrutado de una economía capitalista no regulada, y otra, de la gran mayoría de la gente que siente que lo único que ha recibido son promesas de bienes futuros, acompañadas de cargas financieras y de mala salud mental, presentes. El derrotero está claro: el gobierno de Sebastián Piñera será el más fracasado de la historia, y lo que vendrá después sólo los pitonisos pueden imaginar.
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jueves, 7 de julio de 2011
viernes, 17 de junio de 2011
El Derecho a la Salud
Presentación ante Foro FEUC 15 de junio de 2011
Sentencia del Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 2010.
56: Que, en efecto, este Tribunal ha señalado que el contenido esencial de la seguridad social se revela en una interpretación sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo si se ven conjuntamente el derecho a la salud (artículo 19, Nº 9°) y el derecho a la seguridad social (artículo 19, Nº 18°). (STC Rol Nº 1710, considerandos 131° a 135°). En la seguridad social, la acción del Estado, incluida por tanto la del legislador, debe estar “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes” a las prestaciones de seguridad social.
Dicho rol, como se observa, implica, por de pronto, “garantizar”. Tal mandato conlleva un rol activo, no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo. Enseguida, implica garantizar “el acceso”. Ya se observó por esta Magistratura (STC Rol N° 1710) que esta fórmula era la manera en que la Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias. Finalmente, implica el acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que “todos los habitantes” puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad subjetiva de la seguridad social, pues son todas las personas a quienes el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones.
La disyuntiva de estos tiempos es la discusión entre los que sostienen que los derechos sociales no existen como tales, sino que existen servicios y bienes que deben transarse en el mercado para obtener una mayor eficiencia, y estos bienes y servicios transados por lucro darían respuesta a las necesidades de protección de la gente.
Los que sostienen esta postura, los individualistas mercantilistas (versus el liberalismo igualitario), creen que las personas deben tener la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, educarse y recibir su pensión de vejez. Creen que las fuerzas del mercado permitirán una competencia tal que se garantizará la eficiencia en la provisión de los servicios comprados, así como su calidad.
La realidad, sin embargo, porfiadamente muestra que las cosas no son así. Hoy tenemos más de una generación universitaria que quedará endeudada por décadas como resultado de la “comoditización” de la educación; tenemos a tres millones de beneficiarios de isapres que sufren discriminación por razón de su edad y sexo y un acceso limitado a prestaciones de salud y ningún acceso a cuidados preventivos y de promoción de la salud; y vemos a cohortes enteras de adultos que deben jubilar con pensiones escandalosamente bajas debido la creación de un mercado de capitales a costa del esfuerzo del trabajo de toda una vida.
El problema que se nos presenta es que esta forma de ver el mundo, basado en el neoliberalismo que nos permea hasta en nuestra forma de relacionarnos en familia y en pareja, está entronizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, está presente en todas las relaciones que se establecen. Y aparece como un mantra que no es posible de cambiar.
Sin embargo, las marchas y las protestas de los últimos tiempos, y el hecho de que hoy haya un gobierno de derecha instalado en la Moneda, con todos sus intereses y conflictos de interés puestos en plena evidencia ante la opinión pública, ha ido soltando la ira crítica de la gente que ya no quiere más que se negocie con cosas que son vistas como bienes públicos esenciales y que deben ser protegidos por la sociedad. Estos bienes incluyen, sin ir más lejos, la protección del medioambiente, el acceso a una educación pública y gratuita, y la protección a la salud y a la vejez.
Entonces, lo que está cambiando es la mirada que tienen estas nuevas generaciones que hoy sacan voz por aquellas generaciones que fueron derrotadas en el pasado, tanto en 1973, como en los 20 años de gobiernos de la Concertación. Estas nuevas generaciones ahora exigen solidaridad en vez de individualismo, igualdad en vez de desigualdad, gratuidad en la provisión de bienes públicos en vez de endeudamiento, por mencionar algunos.
¿Por qué no es posible que se siga pensando en la salud como un negocio? Porque para que exista legítimamente un lucro en salud (o en educación), todos deben poder cobrar su “margen”. Cuando estamos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, hay unos pocos que pueden cobrar ese margen o lucro, y muchos, muchos otros, que no lo pueden hacer, porque son trabajadores asalariados o desempleados. Si yo pudiera cobrarle a mi empleador por mi trabajo, y además un margen que me permitiera “lucrar” con mi trabajo, las condiciones del contrato social del país cambiarían, pero la esencia del capitalismo es la transferencia de “plusvalía” del trabajo al capital. Entonces es impensable que la gente gane por su trabajo con arreglo a la equiparación entre trabajo y capital. Ello no es posible en la medida en que la riqueza y el dinero se concentran en tan pocas familias como ocurre en nuestro país.
Para la gente ya constituye una inmoralidad ser testigos de cómo se hacen negocios con su salud, con su educación, con su vejez. Debemos, en efecto, hacernos cargo de lo que el Tribunal Constitucional señala en su considerando 54 y entender, de una vez por todas, que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar las bases sobre las cuales se ha construido el contrato social de nuestro país. Ojalá los que detentan el poder y la riqueza se allanen de una vez por todas a entender que las cosas no pueden seguir como están. Estos son los intereses que hoy aparecen con desfachatez en todas partes, y que la ciudadanía crecientemente rechaza.
Debemos buscar una forma de relacionarnos que atienda a las necesidades de la gente, que entienda que en la medida que exista desigualdad esta debe ser afrontada y derrotada como sociedad, y que se debe fomentar la solidaridad del colectivo por sobre el individualismo que nos convierte a todos en consumidores y clientes y ya no en personas sujetas de dignidad, por no decir derechos.
Estos tiempos son de cambios profundos, no de hablar de la política pública y su titular o letra chica. Los cambios están ocurriendo en la gente, en su percepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta nueva visión inevitablemente se traducirá en un nuevo tipo de acuerdo social que será el resultado de fricciones y debates que se darán entre múltiples actores sociales y político-ciudadanos. Debemos prepararnos para estar presentes, con toda nuestra fuerza y convicción, para así poder sentar en Chile las bases de una sociedad construida sobre la justicia y la solidaridad, y no sobre el individualismo y la segmentación social.
Dra. Vivienne Bachelet Norelli
Centro de Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile
15 de junio de 2011
Sentencia del Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 2010.
56: Que, en efecto, este Tribunal ha señalado que el contenido esencial de la seguridad social se revela en una interpretación sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo si se ven conjuntamente el derecho a la salud (artículo 19, Nº 9°) y el derecho a la seguridad social (artículo 19, Nº 18°). (STC Rol Nº 1710, considerandos 131° a 135°). En la seguridad social, la acción del Estado, incluida por tanto la del legislador, debe estar “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes” a las prestaciones de seguridad social.
Dicho rol, como se observa, implica, por de pronto, “garantizar”. Tal mandato conlleva un rol activo, no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo. Enseguida, implica garantizar “el acceso”. Ya se observó por esta Magistratura (STC Rol N° 1710) que esta fórmula era la manera en que la Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias. Finalmente, implica el acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que “todos los habitantes” puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad subjetiva de la seguridad social, pues son todas las personas a quienes el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones.
La disyuntiva de estos tiempos es la discusión entre los que sostienen que los derechos sociales no existen como tales, sino que existen servicios y bienes que deben transarse en el mercado para obtener una mayor eficiencia, y estos bienes y servicios transados por lucro darían respuesta a las necesidades de protección de la gente.
Los que sostienen esta postura, los individualistas mercantilistas (versus el liberalismo igualitario), creen que las personas deben tener la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, educarse y recibir su pensión de vejez. Creen que las fuerzas del mercado permitirán una competencia tal que se garantizará la eficiencia en la provisión de los servicios comprados, así como su calidad.
La realidad, sin embargo, porfiadamente muestra que las cosas no son así. Hoy tenemos más de una generación universitaria que quedará endeudada por décadas como resultado de la “comoditización” de la educación; tenemos a tres millones de beneficiarios de isapres que sufren discriminación por razón de su edad y sexo y un acceso limitado a prestaciones de salud y ningún acceso a cuidados preventivos y de promoción de la salud; y vemos a cohortes enteras de adultos que deben jubilar con pensiones escandalosamente bajas debido la creación de un mercado de capitales a costa del esfuerzo del trabajo de toda una vida.
El problema que se nos presenta es que esta forma de ver el mundo, basado en el neoliberalismo que nos permea hasta en nuestra forma de relacionarnos en familia y en pareja, está entronizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, está presente en todas las relaciones que se establecen. Y aparece como un mantra que no es posible de cambiar.
Sin embargo, las marchas y las protestas de los últimos tiempos, y el hecho de que hoy haya un gobierno de derecha instalado en la Moneda, con todos sus intereses y conflictos de interés puestos en plena evidencia ante la opinión pública, ha ido soltando la ira crítica de la gente que ya no quiere más que se negocie con cosas que son vistas como bienes públicos esenciales y que deben ser protegidos por la sociedad. Estos bienes incluyen, sin ir más lejos, la protección del medioambiente, el acceso a una educación pública y gratuita, y la protección a la salud y a la vejez.
Entonces, lo que está cambiando es la mirada que tienen estas nuevas generaciones que hoy sacan voz por aquellas generaciones que fueron derrotadas en el pasado, tanto en 1973, como en los 20 años de gobiernos de la Concertación. Estas nuevas generaciones ahora exigen solidaridad en vez de individualismo, igualdad en vez de desigualdad, gratuidad en la provisión de bienes públicos en vez de endeudamiento, por mencionar algunos.
¿Por qué no es posible que se siga pensando en la salud como un negocio? Porque para que exista legítimamente un lucro en salud (o en educación), todos deben poder cobrar su “margen”. Cuando estamos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, hay unos pocos que pueden cobrar ese margen o lucro, y muchos, muchos otros, que no lo pueden hacer, porque son trabajadores asalariados o desempleados. Si yo pudiera cobrarle a mi empleador por mi trabajo, y además un margen que me permitiera “lucrar” con mi trabajo, las condiciones del contrato social del país cambiarían, pero la esencia del capitalismo es la transferencia de “plusvalía” del trabajo al capital. Entonces es impensable que la gente gane por su trabajo con arreglo a la equiparación entre trabajo y capital. Ello no es posible en la medida en que la riqueza y el dinero se concentran en tan pocas familias como ocurre en nuestro país.
Para la gente ya constituye una inmoralidad ser testigos de cómo se hacen negocios con su salud, con su educación, con su vejez. Debemos, en efecto, hacernos cargo de lo que el Tribunal Constitucional señala en su considerando 54 y entender, de una vez por todas, que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar las bases sobre las cuales se ha construido el contrato social de nuestro país. Ojalá los que detentan el poder y la riqueza se allanen de una vez por todas a entender que las cosas no pueden seguir como están. Estos son los intereses que hoy aparecen con desfachatez en todas partes, y que la ciudadanía crecientemente rechaza.
Debemos buscar una forma de relacionarnos que atienda a las necesidades de la gente, que entienda que en la medida que exista desigualdad esta debe ser afrontada y derrotada como sociedad, y que se debe fomentar la solidaridad del colectivo por sobre el individualismo que nos convierte a todos en consumidores y clientes y ya no en personas sujetas de dignidad, por no decir derechos.
Estos tiempos son de cambios profundos, no de hablar de la política pública y su titular o letra chica. Los cambios están ocurriendo en la gente, en su percepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta nueva visión inevitablemente se traducirá en un nuevo tipo de acuerdo social que será el resultado de fricciones y debates que se darán entre múltiples actores sociales y político-ciudadanos. Debemos prepararnos para estar presentes, con toda nuestra fuerza y convicción, para así poder sentar en Chile las bases de una sociedad construida sobre la justicia y la solidaridad, y no sobre el individualismo y la segmentación social.
Dra. Vivienne Bachelet Norelli
Centro de Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile
15 de junio de 2011
viernes, 3 de junio de 2011
¿Quién Manda Realmente en Salud?
El verdadero amo y patrón del sector salud es Mikel Uriarte, director del FONASA.
Abro el diario cada mañana e infaltablemente veo noticias sobre el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. El mismo que se autodenominó hace algún tiempo como el “ministro de los enfermos” y se declaró militante del “Partido de los Enfermos”, lo que ameritó un estupendo blog de respuesta que se perdió en el ciberespacio.
Pero ¿es Mañalich quien realmente manda en salud? ¿Quién toma las decisiones? Yo sostengo que el ministro no corta ni pincha nada en las verdaderas decisiones sectoriales. Y si no es él ¿quién decide?
Hasta la administración Bachelet, en el Ministerio de Salud existía una división de presupuesto, que manejaba los recursos sectoriales que mantenían funcionando la red desde todo punto de vista. Hacienda transfería a la subsecretaría de Redes Asistenciales, y de aquí, vía la división de Planificación y Presupuesto, se canalizaban los fondos a los hospitales y se hacía control y manejo de la deuda hospitalaria, para bien o para mal.
Llegaron las nuevas autoridades y esta división se cerró. Ya no existe. Todos los fondos ahora se van de Haciendo directo al Fondo Nacional de Salud, cuyo director es Mikel Uriarte. Entonces, para responder a la pregunta quién manda en salud, la respuesta correcta es Uriarte, ya que sabemos bien que quien pone la plata, pone la música.
Usted dirá, con tanto poder y manejando prácticamente 3-4 puntos PIB, el hombre debe ser un crack de la salud pública. Pues miremos su currículum. Hasta su ingreso al gobierno, Uriarte era presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, cuya misión es apoyar el desarrollo de la industria aseguradora en Chile. Entre sus afiliados se encuentran las compañías de seguros generales y las compañías de seguros de vida, pero ninguna relacionada con la salud. De profesión es ingeniero comercial y es uno de los tantos “Cato Boys” que llegaron a gobierno con Sebastián Piñera. Su empresa de pertenencia era Cesce Chile Aseguradora S.A., dedicada al negocio de los seguros de créditos y garantías. Más currículum no se encuentra, y de salud, nada.
Entonces, esta es la situación:
- Mañalich no tiene fondos sobre los cuales disponer. Su ministerio tiene apenas para el funcionamiento administrativo del mismo y para financiar los programas que caen bajo la tutela de la subsecretaría de Salud Pública.
- ¿Dónde están los 9 mil millones de pesos que el ministro dijo hoy (en respuesta a Gonzalo Navarrete de la Asociación de Municipalidades) que están en manos de la atención primaria para actuar frente a las mayores necesidades asistenciales que se han generado en estos días?
- ¿Qué rol está jugando Hacienda en este gobierno frente a las demandas sectoriales? Todos sabemos que las anteriores autoridades de Hacienda, con Velasco et al, jugaron un papel clave en la definición de políticas y prioridades públicas. Ahora, en cambio, Hacienda está en silencio.
- Todo el manejo presupuestario de salud ahora está concentrado en FONASA. Si la relación con los hospitales también la lleva FONASA, entonces cabe preguntarse ¿cuál es la tarea de la subsecretaría de Redes Asistenciales? ¿Solamente coordinación? ¿Quién tiene la visión de conjunto de la red?
En conclusión, por una parte tenemos que a lo largo de muchos años la gente viene señalando insistentemente que la salud es una de sus tres principales preocupaciones, tal como se pone en evidencia en todas las encuestas de opinión pública efectuadas (Adimark de ayer incluida). Y tenemos un gobierno que no se hace cargo de este clamor popular, como tampoco se hace cargo de legislar allí donde el Tribunal Supremo le dice que lo tiene que hacer para llenar los vacíos legales. Además, vemos un ministro debilitado porque no tiene recursos en sus manos para disponer en función de prioridades que respondan a las necesidades sanitarias de la población.
Pero por otra parte, tenemos un director de FONASA que actúa cual verdadero reyezuelo de la salud pública, abriendo licitaciones para privados, haciendo reestructuración financiera del sector, castigando a los un-poco-menos-pobres de entre los pobres (ahora quiere sacar a dos millones de beneficiarios de los tramos A y B de FONASA – los más pobres – y traspasarlos a los tramos donde hay que copagar), y ninguneando a la red de prestadores públicos con frases tipo si no te alcanza tu presupuesto entonces cierra tu hospital.
Y todo este savoir fair viene de una persona que hasta el 11 de marzo de 2010 no había hecho absolutamente nada en el sector salud, ni estudiarlo, ni trabajar en él. Es por eso que nos toca leer y ver todas las mañanas las extravagancias de nuestro ministro sectorial, atacando a los trabajadores de la salud, atendiendo guaguas, corriendo en una trotadora junto a la primera dama, llamando a restringir los autos catalíticos, o quitándole el cigarrillo a los que frecuentan pubs, porque no le queda más remedio...
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