"Hemos puesto en marcha una amplia agenda que incluye ... las mayores opciones para la venta de remedios que no requieren receta y que permitirán una reducción estimada de 25% en su precio. La nueva Ley de Fármacos, que exigirá el nombre genérico de los medicamentos y su venta en dosis unitarias, para abaratar su costo y comprar sólo lo que se necesita." Sebastián Piñera, 21 de mayo 2011.
Tres son los anuncios que se han hecho en los últimos días sobre remedios: 1) Agencia Nacional de Medicamentos, 2) venta de fármacos fraccionados en farmacias comunitarias, 3) bioequivalencia.
Agencia Nacional de Medicamentos
Se trata de una buena idea, y es positivo que se plantée claramente una voluntad política de crear este servicio, sobre todo si pensamos en el gasto que tiene el país en medicamentos y en la profundidad de alcance que tiene en la población el uso de los fármacos. Pero, como otros anuncios, trae letra chica, y la letra chica es que no se asegura que la agencia contará con autonomía del Ministerio de Salud, por lo que su creación podría terminar siendo inconducente frente a la necesidad de ordenar los intereses que tiene el mercado y proteger a las personas frente a estos intereses. En otros países donde existe este tipo de entidades reguladoras, estas son autónomas del gobierno de turno.
¿Cuál será entonces la misión de esta agencia de acuerdo a los anuncios escuchados? Parece ser que se busca una reducción de costos, lo que por sí no es malo. El problema se genera cuando la idea de ANAMED pasa a ser un medio para aumentar la competitividad en el mercado de los medicamentos, cuando la razón debería ser que toda la población pueda acceder a medicamentos de calidad comprobada.
Venta de medicamentos fraccionados en farmacias comunitarias
Esta medida no tiene viabilidad técnica para nuestro país. En países desarrollados sí se hace, pero requiere de una infraestructura, equipamiento y personal entrenado que Chile no tiene ni tendrá en el corto ni largo plazo. Como otros anuncios, quedará en la inconducencia.
La venta unitaria de remedios lleva directamente a la pérdida de trazabilidad y seguimiento de las fechas de vencimiento de los medicamentos. Tampoco queda claro cómo se podría asegurar la calidad del medicamento una vez retirado de su envase original o quién se haría responsable de problemas derivados por quiebre en la cadena de suministro de productos que necesariamente deben ser controlados en toda la cadena. Espero, de corazón, que el autodenominado Ministro de los Enfermos no se esté imaginando que en su farmacia de cadena (una de las tres, elija su favorita) el farmacéutico esté con la tijera cortando las tiritas de remedio.
Y sepa usted que para igualar condiciones de dispensación en la farmacia para entregar por dosis unitaria, se requiere contar con máquinas reenvasadoras cuyo costo promedio es de 20 millones de pesos. ¿Quién asumirá el costo de su implementación? Agrégele además que por ley las farmacias privadas no pueden abrir los envases en que vienen los medicamentos.
Parece que una cosa es el anuncio fácil, y otra cosa será la implementación. En este punto nos damos cita el próximo 21 de mayo. Veremos si el presidente pueda decir en su tercera cuenta anual que esto se llevó a cabo correctamente y sin comprometer la seguridad de los pacientes.
Bioequivalencia
Esta es una excelente propuesta que no es nueva ya que existen resoluciones al respecto de hace más de siete años. Hay que reconocer que falló la intención política para llevarla adelante porque la implementación de la bioequivalencia como requisito para la comercialización de fármacos de copia implica un freno al negocio de la industria farmacéutica no innovadora.
Una vez establecida la bioequivalencia de un producto, se puede anticipar que la formulación genérica será de menor costo y de eficacia similar, con lo que se puede asegurar un acceso universal mayor porque el precio será menor, sin afectar la seguridad del paciente.
En Chile, el proceso de exigencia de la bioequivalencia a productos similares empezó en 2008 con la realización de un seminario organizado por el ISP en que se convocó a la industria farmacéutica. En ese seminario se socializó la documentación técnica y regulatoria y se establecieron fechas para la exigencia de los productos farmacéuticos que contienen los principios activos clorfenamina y carbamazepina.
¿Existe capacidad para hacer todo esto?
Me preocupa lo que me han informado algunas fuentes. Hoy la incomunicación entre el ISP y el Ministerio de Salud es total. De hecho, el ISP se entera de los anuncios del ministerio sobre medicamentos por la prensa, anuncios tales como la prohibición de venta de pseudoefedrina, la venta fraccionada, etc. Preocupa la falta de coordinación entre las diferentes autoridades que tienen incumbencia en el tema, especialmente dado que el ISP está actualmente haciendo un esfuerzo loable de terminar con favoritismos hacia la industria farmacéutica, dando un trato igualitario a todos.
Por último, dos dichos que han salido a colación de este gobierno creo que aplican en este caso: del dicho al hecho hay mucho trecho, y otra cosa es con guitarra. Queda en evidencia que en materia de salud, el gobierno aún no encuentra su relato.
