El año pasado, en Salud Un Derecho trabajamos en la redacción de nuestro Manifiesto. Desde entonces, me ha tocado en numerosos foros y ocasiones entrar en discusión con la gente acerca de los conceptos de igualdad y de equidad. En Salud Un Derecho finalmente nos pronunciamos por los cuatros principios que deberían orientar cualquier reforma en salud, y uno de esos fue la igualdad, mas no la equidad. ¿Por qué decidimos seguir este camino?
Porque estas dos palabras no significan lo mismo. Si bien hay diccionarios que indican que son sinónimos, también hay otros que marcan diferencias, como la Real Academia Española. Importantemente, la RAE define la palabra igualdad (ante la ley) como “principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”. Por otra parte, la RAE define la palabra equidad como “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”.
Ha allí las diferencias fundamentales que hay que retener cuando construimos nuestro discurso político. ¿Es más radical plantearse la lucha por la igualdad o por la equidad? ¿Son mutuamente excluyentes estos conceptos entre sí?
En Salud Un Derecho entendemos, tal como lo dice la RAE, que la igualdad es un principio, mientras que la equidad es una disposición, o bien, un medio. La igualdad es una definición que colectivamente articulamos y que se expresa en los preceptos constitucionales que nos rigen: todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución, porque todos somos sujetos y depositarios de los mismos derechos. Pero como no todos tenemos iguales capacidades sociales, económicas y políticas para ejercer y hacer respetar nuestros derechos, es que necesitamos de diferenciación a la hora de hacer efectivas las correcciones para que todos podamos ser iguales en derechos.
Dicho en otras palabras, la igualdad es el principio por el cual debemos luchar, y la equidad es la forma mediante la cual se materializa el principio, dando a cada uno lo que se merece precisamente para que sea un igual entre pares.
¿Qué es más radical, la igualdad o la equidad? Ni lo uno ni lo otro. El tema es que no puede existir una perspectiva de equidad si antes no instalamos la idea de la igualdad. Entonces, lucharemos por la igualdad en salud, queriendo decir que todos tienen el mismo derecho a la salud dado que este es un derecho humano esencial; pero cuando tengamos que generar las condiciones para el ejercicio de los derechos asociados al derecho a la salud, vamos a tener que actuar con equidad, dando más a los que necesitan más y tienen menos. Además, el concepto de equidad integra en sí también la idea de calidad, ya que no puede existir equidad sin igualar la calidad de servicios que la sociedad se da para asegurar a todos sus habitantes el ejercicio de los derechos.
Entonces, la igualdad es el principio, y la equidad es la forma de hacer que ese principio se haga realidad para todos. Aplíquese este razonamiento a salud, educación, relación entre los sexos, etc. Porque queremos una sociedad de iguales, es que reconocemos que no todos son iguales. Los iguales somos iguales en derechos, pero las necesidades entre grupos y colectivos más o menos aventajados pueden llegar a ser profundamente diferentes, y de eso nos tenemos que hacer cargo como sociedad, en un gesto de equidad.
martes, 28 de junio de 2011
viernes, 17 de junio de 2011
El Derecho a la Salud
Presentación ante Foro FEUC 15 de junio de 2011
Sentencia del Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 2010.
56: Que, en efecto, este Tribunal ha señalado que el contenido esencial de la seguridad social se revela en una interpretación sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo si se ven conjuntamente el derecho a la salud (artículo 19, Nº 9°) y el derecho a la seguridad social (artículo 19, Nº 18°). (STC Rol Nº 1710, considerandos 131° a 135°). En la seguridad social, la acción del Estado, incluida por tanto la del legislador, debe estar “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes” a las prestaciones de seguridad social.
Dicho rol, como se observa, implica, por de pronto, “garantizar”. Tal mandato conlleva un rol activo, no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo. Enseguida, implica garantizar “el acceso”. Ya se observó por esta Magistratura (STC Rol N° 1710) que esta fórmula era la manera en que la Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias. Finalmente, implica el acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que “todos los habitantes” puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad subjetiva de la seguridad social, pues son todas las personas a quienes el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones.
La disyuntiva de estos tiempos es la discusión entre los que sostienen que los derechos sociales no existen como tales, sino que existen servicios y bienes que deben transarse en el mercado para obtener una mayor eficiencia, y estos bienes y servicios transados por lucro darían respuesta a las necesidades de protección de la gente.
Los que sostienen esta postura, los individualistas mercantilistas (versus el liberalismo igualitario), creen que las personas deben tener la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, educarse y recibir su pensión de vejez. Creen que las fuerzas del mercado permitirán una competencia tal que se garantizará la eficiencia en la provisión de los servicios comprados, así como su calidad.
La realidad, sin embargo, porfiadamente muestra que las cosas no son así. Hoy tenemos más de una generación universitaria que quedará endeudada por décadas como resultado de la “comoditización” de la educación; tenemos a tres millones de beneficiarios de isapres que sufren discriminación por razón de su edad y sexo y un acceso limitado a prestaciones de salud y ningún acceso a cuidados preventivos y de promoción de la salud; y vemos a cohortes enteras de adultos que deben jubilar con pensiones escandalosamente bajas debido la creación de un mercado de capitales a costa del esfuerzo del trabajo de toda una vida.
El problema que se nos presenta es que esta forma de ver el mundo, basado en el neoliberalismo que nos permea hasta en nuestra forma de relacionarnos en familia y en pareja, está entronizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, está presente en todas las relaciones que se establecen. Y aparece como un mantra que no es posible de cambiar.
Sin embargo, las marchas y las protestas de los últimos tiempos, y el hecho de que hoy haya un gobierno de derecha instalado en la Moneda, con todos sus intereses y conflictos de interés puestos en plena evidencia ante la opinión pública, ha ido soltando la ira crítica de la gente que ya no quiere más que se negocie con cosas que son vistas como bienes públicos esenciales y que deben ser protegidos por la sociedad. Estos bienes incluyen, sin ir más lejos, la protección del medioambiente, el acceso a una educación pública y gratuita, y la protección a la salud y a la vejez.
Entonces, lo que está cambiando es la mirada que tienen estas nuevas generaciones que hoy sacan voz por aquellas generaciones que fueron derrotadas en el pasado, tanto en 1973, como en los 20 años de gobiernos de la Concertación. Estas nuevas generaciones ahora exigen solidaridad en vez de individualismo, igualdad en vez de desigualdad, gratuidad en la provisión de bienes públicos en vez de endeudamiento, por mencionar algunos.
¿Por qué no es posible que se siga pensando en la salud como un negocio? Porque para que exista legítimamente un lucro en salud (o en educación), todos deben poder cobrar su “margen”. Cuando estamos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, hay unos pocos que pueden cobrar ese margen o lucro, y muchos, muchos otros, que no lo pueden hacer, porque son trabajadores asalariados o desempleados. Si yo pudiera cobrarle a mi empleador por mi trabajo, y además un margen que me permitiera “lucrar” con mi trabajo, las condiciones del contrato social del país cambiarían, pero la esencia del capitalismo es la transferencia de “plusvalía” del trabajo al capital. Entonces es impensable que la gente gane por su trabajo con arreglo a la equiparación entre trabajo y capital. Ello no es posible en la medida en que la riqueza y el dinero se concentran en tan pocas familias como ocurre en nuestro país.
Para la gente ya constituye una inmoralidad ser testigos de cómo se hacen negocios con su salud, con su educación, con su vejez. Debemos, en efecto, hacernos cargo de lo que el Tribunal Constitucional señala en su considerando 54 y entender, de una vez por todas, que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar las bases sobre las cuales se ha construido el contrato social de nuestro país. Ojalá los que detentan el poder y la riqueza se allanen de una vez por todas a entender que las cosas no pueden seguir como están. Estos son los intereses que hoy aparecen con desfachatez en todas partes, y que la ciudadanía crecientemente rechaza.
Debemos buscar una forma de relacionarnos que atienda a las necesidades de la gente, que entienda que en la medida que exista desigualdad esta debe ser afrontada y derrotada como sociedad, y que se debe fomentar la solidaridad del colectivo por sobre el individualismo que nos convierte a todos en consumidores y clientes y ya no en personas sujetas de dignidad, por no decir derechos.
Estos tiempos son de cambios profundos, no de hablar de la política pública y su titular o letra chica. Los cambios están ocurriendo en la gente, en su percepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta nueva visión inevitablemente se traducirá en un nuevo tipo de acuerdo social que será el resultado de fricciones y debates que se darán entre múltiples actores sociales y político-ciudadanos. Debemos prepararnos para estar presentes, con toda nuestra fuerza y convicción, para así poder sentar en Chile las bases de una sociedad construida sobre la justicia y la solidaridad, y no sobre el individualismo y la segmentación social.
Dra. Vivienne Bachelet Norelli
Centro de Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile
15 de junio de 2011
Sentencia del Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 2010.
56: Que, en efecto, este Tribunal ha señalado que el contenido esencial de la seguridad social se revela en una interpretación sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo si se ven conjuntamente el derecho a la salud (artículo 19, Nº 9°) y el derecho a la seguridad social (artículo 19, Nº 18°). (STC Rol Nº 1710, considerandos 131° a 135°). En la seguridad social, la acción del Estado, incluida por tanto la del legislador, debe estar “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes” a las prestaciones de seguridad social.
Dicho rol, como se observa, implica, por de pronto, “garantizar”. Tal mandato conlleva un rol activo, no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo. Enseguida, implica garantizar “el acceso”. Ya se observó por esta Magistratura (STC Rol N° 1710) que esta fórmula era la manera en que la Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias. Finalmente, implica el acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que “todos los habitantes” puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad subjetiva de la seguridad social, pues son todas las personas a quienes el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones.
La disyuntiva de estos tiempos es la discusión entre los que sostienen que los derechos sociales no existen como tales, sino que existen servicios y bienes que deben transarse en el mercado para obtener una mayor eficiencia, y estos bienes y servicios transados por lucro darían respuesta a las necesidades de protección de la gente.
Los que sostienen esta postura, los individualistas mercantilistas (versus el liberalismo igualitario), creen que las personas deben tener la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, educarse y recibir su pensión de vejez. Creen que las fuerzas del mercado permitirán una competencia tal que se garantizará la eficiencia en la provisión de los servicios comprados, así como su calidad.
La realidad, sin embargo, porfiadamente muestra que las cosas no son así. Hoy tenemos más de una generación universitaria que quedará endeudada por décadas como resultado de la “comoditización” de la educación; tenemos a tres millones de beneficiarios de isapres que sufren discriminación por razón de su edad y sexo y un acceso limitado a prestaciones de salud y ningún acceso a cuidados preventivos y de promoción de la salud; y vemos a cohortes enteras de adultos que deben jubilar con pensiones escandalosamente bajas debido la creación de un mercado de capitales a costa del esfuerzo del trabajo de toda una vida.
El problema que se nos presenta es que esta forma de ver el mundo, basado en el neoliberalismo que nos permea hasta en nuestra forma de relacionarnos en familia y en pareja, está entronizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, está presente en todas las relaciones que se establecen. Y aparece como un mantra que no es posible de cambiar.
Sin embargo, las marchas y las protestas de los últimos tiempos, y el hecho de que hoy haya un gobierno de derecha instalado en la Moneda, con todos sus intereses y conflictos de interés puestos en plena evidencia ante la opinión pública, ha ido soltando la ira crítica de la gente que ya no quiere más que se negocie con cosas que son vistas como bienes públicos esenciales y que deben ser protegidos por la sociedad. Estos bienes incluyen, sin ir más lejos, la protección del medioambiente, el acceso a una educación pública y gratuita, y la protección a la salud y a la vejez.
Entonces, lo que está cambiando es la mirada que tienen estas nuevas generaciones que hoy sacan voz por aquellas generaciones que fueron derrotadas en el pasado, tanto en 1973, como en los 20 años de gobiernos de la Concertación. Estas nuevas generaciones ahora exigen solidaridad en vez de individualismo, igualdad en vez de desigualdad, gratuidad en la provisión de bienes públicos en vez de endeudamiento, por mencionar algunos.
¿Por qué no es posible que se siga pensando en la salud como un negocio? Porque para que exista legítimamente un lucro en salud (o en educación), todos deben poder cobrar su “margen”. Cuando estamos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, hay unos pocos que pueden cobrar ese margen o lucro, y muchos, muchos otros, que no lo pueden hacer, porque son trabajadores asalariados o desempleados. Si yo pudiera cobrarle a mi empleador por mi trabajo, y además un margen que me permitiera “lucrar” con mi trabajo, las condiciones del contrato social del país cambiarían, pero la esencia del capitalismo es la transferencia de “plusvalía” del trabajo al capital. Entonces es impensable que la gente gane por su trabajo con arreglo a la equiparación entre trabajo y capital. Ello no es posible en la medida en que la riqueza y el dinero se concentran en tan pocas familias como ocurre en nuestro país.
Para la gente ya constituye una inmoralidad ser testigos de cómo se hacen negocios con su salud, con su educación, con su vejez. Debemos, en efecto, hacernos cargo de lo que el Tribunal Constitucional señala en su considerando 54 y entender, de una vez por todas, que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar las bases sobre las cuales se ha construido el contrato social de nuestro país. Ojalá los que detentan el poder y la riqueza se allanen de una vez por todas a entender que las cosas no pueden seguir como están. Estos son los intereses que hoy aparecen con desfachatez en todas partes, y que la ciudadanía crecientemente rechaza.
Debemos buscar una forma de relacionarnos que atienda a las necesidades de la gente, que entienda que en la medida que exista desigualdad esta debe ser afrontada y derrotada como sociedad, y que se debe fomentar la solidaridad del colectivo por sobre el individualismo que nos convierte a todos en consumidores y clientes y ya no en personas sujetas de dignidad, por no decir derechos.
Estos tiempos son de cambios profundos, no de hablar de la política pública y su titular o letra chica. Los cambios están ocurriendo en la gente, en su percepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta nueva visión inevitablemente se traducirá en un nuevo tipo de acuerdo social que será el resultado de fricciones y debates que se darán entre múltiples actores sociales y político-ciudadanos. Debemos prepararnos para estar presentes, con toda nuestra fuerza y convicción, para así poder sentar en Chile las bases de una sociedad construida sobre la justicia y la solidaridad, y no sobre el individualismo y la segmentación social.
Dra. Vivienne Bachelet Norelli
Centro de Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile
15 de junio de 2011
domingo, 12 de junio de 2011
¿Política de los Acuerdos o Colusión en la Política?
Los ciudadanos legítimamente se preocupan, ya que sienten que no son parte de la política de los acuerdos. Veamos por qué.
Acuerdo:
Real Academia Española: Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. Resolución premeditada de una sola persona o de varias. Convenio entre dos o más partes.
Colusión:
Real Academia Española: Pacto ilícito en daño de tercero.
Como se puede apreciar, las definiciones de estas dos palabras que han aparecido insistentemente en la agenda pública de nuestro país en los últimos tiempos dan para reflexionar. ¿Estamos frente a una noble iniciativa de la clase política con el propósito de encontrar un terreno común para fomentar el bien colectivo? ¿O estamos frente a la reiteración de una práctica que contumazmente deja fuera de las decisiones más importantes que afectan a la sociedad a las grandes mayorías nacionales?
La respuesta a esta pregunta no es irrelevante. No importa cuál sea la verdadera intención de quién hoy diga, desde algún cargo de representación política, “necesitamos volver a la política de los acuerdos”. Porque ya no es la intención o la subjetividad de quien lo dice lo que cuenta; en última instancia, es lo que la gente percibe que está detrás de tal declaración.
Desde 1989, cuando se negociaron grandes cosas, desde la preservación constitucional del sistema binominal, pasando por la mantención de Pinochet como comandante en jefe del Ejercito, hasta la mantención del Tribunal Constitucional, hemos visto como algunas personas han negociado, para bien y para mal, el destino de varias generaciones sucesivas de chilenos. Esa fue la época del Partido Transversal, constituido por unos pocos, selectos y privilegiados próceres de los cuatro partidos principales de la Concertación de Partidos por la Democracia. Fue también la época de la desactivación de las organizaciones que lucharon por el NO.
Después vino el período de la apertura económica del país, de los grandes tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo. A nadie nunca se le preguntó si estaba de acuerdo o no. Se nos dijo que eso era bueno para el país, cuestión que se repitió como mantra una y otra vez. Puede que haya sido bueno, pero la verdad es que si usted no estaba en la cúpula del partido político, o en los cuadros técnicos altos de los ministerios involucrados en la cuestión, nunca se enteró de los argumentos a favor o en contra de una política de apertura comercial que, nuevamente, habría de incidir en el destino de varias generaciones sucesivas de chilenos.
Luego vinieron otras cosas más: las concesiones viales y la reforma de salud llamada AUGE, por ejemplo. Nos encontramos con una decisión tomada respecto del modelo de desarrollo que se instalaría en Chile y todos apreciamos que era mucho mejor andar en autopista concesionada que en carretera de una vía, pero nunca discutimos en colectivo las repercusiones futuras que esta política iba a tener. El AUGE, que fue resistido por los gremios de la salud, también se impuso y, como resultado de “grandes acuerdos” con la derecha en el Congreso, como tantas otras veces había pasado, lo bueno que tenía – el componente de solidaridad – terminó siendo sacado en el devenir de una negociación larga y tortuosa.
Por último tuvimos las comisiones: de pobreza, de reforma previsional, de educación, etc. La presidenta se preocupó de incluir más actores sociales y gremiales en dichas comisiones, de tal modo que estas no parecieran tan sesgadas desde la técnica. Pero su resultado final no fue diferente de lo ocurrido en los 15 años anteriores: los acuerdos finalmente fueron sellados por técnicos y bajo la tutela de la derecha política y económica. Entonces los secundarios quedaron resentidos, los cambios postergados, y las promesas de igualdad de oportunidades, soslayadas.
Todas estas cosas se fueron haciendo y todas fueron “acordadas” entre los dos grandes conglomerados políticos hegemónicos: la derecha, en primera instancia, con su poder de veto en el Congreso y con su concentración de poder político, económico y de medios de comunicación; y la Concertación, en segunda instancia, con su poder de iniciativa desde el Ejecutivo y su maquinaria electoral binominalizada. En el intertanto, la gente quedó en el camino, protestando de vez en cuando, alejándose siempre más de la política, sintiendo que su voz se tornaba crecientemente irrelevante.
Cuando aparece el tema de las farmacias coludidas, la opinión pública se entera del escandaloso “acuerdo” al que llegaron las tres grandes cadenas para lucrar a costa de la gente que necesita comprar remedios. El problema es que la conducta de esos actores no era más que el reflejo de lo que se venía haciendo desde hace décadas en nuestro país: la colusión en el ámbito económico y la colusión en el ámbito político. ¿Por qué se habría de castigar a los gerentes de las cadenas de farmacias cuando todo el mundo sabía que en todo orden de cosas unos pocos se han concertado entre ellos para, como dice la RAE, actuar ilícitamente en daño de tercero?
Usted me dirá, ah, pero una cosa es actuar a espaldas de la ley, y otra es converger en torno a intereses comunes sin contravenir la ley. El problema es que, y nuevamente citando a la Real Academia Española, “ilícito” es aquello que no es permitido ni legal ni moralmente. El tema de fondo es que la política de los acuerdos terminó siendo, a ojos de la ciudadanía, una inmoralidad.
La política de los acuerdos es criticable porque parte de una renuncia basal a inducir la crisis institucional. La Concertación se amarró en el mismo momento en que negoció la reforma de la Constitución de 1989 y especialmente cuando no logró anticipar que la consagración del sistema binominal sería la fundación sobre la cual se instalaría la colusión en la política. Se nos dijo que lo más importante era la estabilidad política del país, pero no se nos advirtió que esa hipoteca iba a durar más de 20 años.
Es inmoral una política de los acuerdos que se hace a espaldas de los ciudadanos. Pero la única crítica política honesta que se puede hacer 22 años después a quienes proponen que la solución al rechazo que tiene la gente a los políticos es reinstalar la idea de la política los acuerdos, es responder con convicción absoluta que la recuperación de la política para los ciudadanos pasa por deshacer el error histórico que significó negociar la transición a la democracia de la forma como se hizo. Eso requiere un coraje que esperamos ver hoy, en 2011, en nuestros líderes políticos. El momento en que los veamos actuando con arreglo a esta idea, las palabras “acuerdo” y “colusión” se separarán y volverán a tener el significado que deben tener en la percepción de la gente, y la política dejará de ser vista como una degradación y se entenderá como parte de la construcción civilizatoria de nuestra sociedad.
Real Academia Española: Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. Resolución premeditada de una sola persona o de varias. Convenio entre dos o más partes.
Colusión:
Real Academia Española: Pacto ilícito en daño de tercero.
Como se puede apreciar, las definiciones de estas dos palabras que han aparecido insistentemente en la agenda pública de nuestro país en los últimos tiempos dan para reflexionar. ¿Estamos frente a una noble iniciativa de la clase política con el propósito de encontrar un terreno común para fomentar el bien colectivo? ¿O estamos frente a la reiteración de una práctica que contumazmente deja fuera de las decisiones más importantes que afectan a la sociedad a las grandes mayorías nacionales?
La respuesta a esta pregunta no es irrelevante. No importa cuál sea la verdadera intención de quién hoy diga, desde algún cargo de representación política, “necesitamos volver a la política de los acuerdos”. Porque ya no es la intención o la subjetividad de quien lo dice lo que cuenta; en última instancia, es lo que la gente percibe que está detrás de tal declaración.
Desde 1989, cuando se negociaron grandes cosas, desde la preservación constitucional del sistema binominal, pasando por la mantención de Pinochet como comandante en jefe del Ejercito, hasta la mantención del Tribunal Constitucional, hemos visto como algunas personas han negociado, para bien y para mal, el destino de varias generaciones sucesivas de chilenos. Esa fue la época del Partido Transversal, constituido por unos pocos, selectos y privilegiados próceres de los cuatro partidos principales de la Concertación de Partidos por la Democracia. Fue también la época de la desactivación de las organizaciones que lucharon por el NO.
Después vino el período de la apertura económica del país, de los grandes tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo. A nadie nunca se le preguntó si estaba de acuerdo o no. Se nos dijo que eso era bueno para el país, cuestión que se repitió como mantra una y otra vez. Puede que haya sido bueno, pero la verdad es que si usted no estaba en la cúpula del partido político, o en los cuadros técnicos altos de los ministerios involucrados en la cuestión, nunca se enteró de los argumentos a favor o en contra de una política de apertura comercial que, nuevamente, habría de incidir en el destino de varias generaciones sucesivas de chilenos.
Luego vinieron otras cosas más: las concesiones viales y la reforma de salud llamada AUGE, por ejemplo. Nos encontramos con una decisión tomada respecto del modelo de desarrollo que se instalaría en Chile y todos apreciamos que era mucho mejor andar en autopista concesionada que en carretera de una vía, pero nunca discutimos en colectivo las repercusiones futuras que esta política iba a tener. El AUGE, que fue resistido por los gremios de la salud, también se impuso y, como resultado de “grandes acuerdos” con la derecha en el Congreso, como tantas otras veces había pasado, lo bueno que tenía – el componente de solidaridad – terminó siendo sacado en el devenir de una negociación larga y tortuosa.
Por último tuvimos las comisiones: de pobreza, de reforma previsional, de educación, etc. La presidenta se preocupó de incluir más actores sociales y gremiales en dichas comisiones, de tal modo que estas no parecieran tan sesgadas desde la técnica. Pero su resultado final no fue diferente de lo ocurrido en los 15 años anteriores: los acuerdos finalmente fueron sellados por técnicos y bajo la tutela de la derecha política y económica. Entonces los secundarios quedaron resentidos, los cambios postergados, y las promesas de igualdad de oportunidades, soslayadas.
Todas estas cosas se fueron haciendo y todas fueron “acordadas” entre los dos grandes conglomerados políticos hegemónicos: la derecha, en primera instancia, con su poder de veto en el Congreso y con su concentración de poder político, económico y de medios de comunicación; y la Concertación, en segunda instancia, con su poder de iniciativa desde el Ejecutivo y su maquinaria electoral binominalizada. En el intertanto, la gente quedó en el camino, protestando de vez en cuando, alejándose siempre más de la política, sintiendo que su voz se tornaba crecientemente irrelevante.
Cuando aparece el tema de las farmacias coludidas, la opinión pública se entera del escandaloso “acuerdo” al que llegaron las tres grandes cadenas para lucrar a costa de la gente que necesita comprar remedios. El problema es que la conducta de esos actores no era más que el reflejo de lo que se venía haciendo desde hace décadas en nuestro país: la colusión en el ámbito económico y la colusión en el ámbito político. ¿Por qué se habría de castigar a los gerentes de las cadenas de farmacias cuando todo el mundo sabía que en todo orden de cosas unos pocos se han concertado entre ellos para, como dice la RAE, actuar ilícitamente en daño de tercero?
Usted me dirá, ah, pero una cosa es actuar a espaldas de la ley, y otra es converger en torno a intereses comunes sin contravenir la ley. El problema es que, y nuevamente citando a la Real Academia Española, “ilícito” es aquello que no es permitido ni legal ni moralmente. El tema de fondo es que la política de los acuerdos terminó siendo, a ojos de la ciudadanía, una inmoralidad.
La política de los acuerdos es criticable porque parte de una renuncia basal a inducir la crisis institucional. La Concertación se amarró en el mismo momento en que negoció la reforma de la Constitución de 1989 y especialmente cuando no logró anticipar que la consagración del sistema binominal sería la fundación sobre la cual se instalaría la colusión en la política. Se nos dijo que lo más importante era la estabilidad política del país, pero no se nos advirtió que esa hipoteca iba a durar más de 20 años.
Es inmoral una política de los acuerdos que se hace a espaldas de los ciudadanos. Pero la única crítica política honesta que se puede hacer 22 años después a quienes proponen que la solución al rechazo que tiene la gente a los políticos es reinstalar la idea de la política los acuerdos, es responder con convicción absoluta que la recuperación de la política para los ciudadanos pasa por deshacer el error histórico que significó negociar la transición a la democracia de la forma como se hizo. Eso requiere un coraje que esperamos ver hoy, en 2011, en nuestros líderes políticos. El momento en que los veamos actuando con arreglo a esta idea, las palabras “acuerdo” y “colusión” se separarán y volverán a tener el significado que deben tener en la percepción de la gente, y la política dejará de ser vista como una degradación y se entenderá como parte de la construcción civilizatoria de nuestra sociedad.
viernes, 3 de junio de 2011
¿Quién Manda Realmente en Salud?
El verdadero amo y patrón del sector salud es Mikel Uriarte, director del FONASA.
Abro el diario cada mañana e infaltablemente veo noticias sobre el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. El mismo que se autodenominó hace algún tiempo como el “ministro de los enfermos” y se declaró militante del “Partido de los Enfermos”, lo que ameritó un estupendo blog de respuesta que se perdió en el ciberespacio.
Pero ¿es Mañalich quien realmente manda en salud? ¿Quién toma las decisiones? Yo sostengo que el ministro no corta ni pincha nada en las verdaderas decisiones sectoriales. Y si no es él ¿quién decide?
Hasta la administración Bachelet, en el Ministerio de Salud existía una división de presupuesto, que manejaba los recursos sectoriales que mantenían funcionando la red desde todo punto de vista. Hacienda transfería a la subsecretaría de Redes Asistenciales, y de aquí, vía la división de Planificación y Presupuesto, se canalizaban los fondos a los hospitales y se hacía control y manejo de la deuda hospitalaria, para bien o para mal.
Llegaron las nuevas autoridades y esta división se cerró. Ya no existe. Todos los fondos ahora se van de Haciendo directo al Fondo Nacional de Salud, cuyo director es Mikel Uriarte. Entonces, para responder a la pregunta quién manda en salud, la respuesta correcta es Uriarte, ya que sabemos bien que quien pone la plata, pone la música.
Usted dirá, con tanto poder y manejando prácticamente 3-4 puntos PIB, el hombre debe ser un crack de la salud pública. Pues miremos su currículum. Hasta su ingreso al gobierno, Uriarte era presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, cuya misión es apoyar el desarrollo de la industria aseguradora en Chile. Entre sus afiliados se encuentran las compañías de seguros generales y las compañías de seguros de vida, pero ninguna relacionada con la salud. De profesión es ingeniero comercial y es uno de los tantos “Cato Boys” que llegaron a gobierno con Sebastián Piñera. Su empresa de pertenencia era Cesce Chile Aseguradora S.A., dedicada al negocio de los seguros de créditos y garantías. Más currículum no se encuentra, y de salud, nada.
Entonces, esta es la situación:
- Mañalich no tiene fondos sobre los cuales disponer. Su ministerio tiene apenas para el funcionamiento administrativo del mismo y para financiar los programas que caen bajo la tutela de la subsecretaría de Salud Pública.
- ¿Dónde están los 9 mil millones de pesos que el ministro dijo hoy (en respuesta a Gonzalo Navarrete de la Asociación de Municipalidades) que están en manos de la atención primaria para actuar frente a las mayores necesidades asistenciales que se han generado en estos días?
- ¿Qué rol está jugando Hacienda en este gobierno frente a las demandas sectoriales? Todos sabemos que las anteriores autoridades de Hacienda, con Velasco et al, jugaron un papel clave en la definición de políticas y prioridades públicas. Ahora, en cambio, Hacienda está en silencio.
- Todo el manejo presupuestario de salud ahora está concentrado en FONASA. Si la relación con los hospitales también la lleva FONASA, entonces cabe preguntarse ¿cuál es la tarea de la subsecretaría de Redes Asistenciales? ¿Solamente coordinación? ¿Quién tiene la visión de conjunto de la red?
En conclusión, por una parte tenemos que a lo largo de muchos años la gente viene señalando insistentemente que la salud es una de sus tres principales preocupaciones, tal como se pone en evidencia en todas las encuestas de opinión pública efectuadas (Adimark de ayer incluida). Y tenemos un gobierno que no se hace cargo de este clamor popular, como tampoco se hace cargo de legislar allí donde el Tribunal Supremo le dice que lo tiene que hacer para llenar los vacíos legales. Además, vemos un ministro debilitado porque no tiene recursos en sus manos para disponer en función de prioridades que respondan a las necesidades sanitarias de la población.
Pero por otra parte, tenemos un director de FONASA que actúa cual verdadero reyezuelo de la salud pública, abriendo licitaciones para privados, haciendo reestructuración financiera del sector, castigando a los un-poco-menos-pobres de entre los pobres (ahora quiere sacar a dos millones de beneficiarios de los tramos A y B de FONASA – los más pobres – y traspasarlos a los tramos donde hay que copagar), y ninguneando a la red de prestadores públicos con frases tipo si no te alcanza tu presupuesto entonces cierra tu hospital.
Y todo este savoir fair viene de una persona que hasta el 11 de marzo de 2010 no había hecho absolutamente nada en el sector salud, ni estudiarlo, ni trabajar en él. Es por eso que nos toca leer y ver todas las mañanas las extravagancias de nuestro ministro sectorial, atacando a los trabajadores de la salud, atendiendo guaguas, corriendo en una trotadora junto a la primera dama, llamando a restringir los autos catalíticos, o quitándole el cigarrillo a los que frecuentan pubs, porque no le queda más remedio...
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