Presentación ante Foro FEUC 15 de junio de 2011
Sentencia del Tribunal Constitucional 30 de noviembre de 2010.
56: Que, en efecto, este Tribunal ha señalado que el contenido esencial de la seguridad social se revela en una interpretación sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo si se ven conjuntamente el derecho a la salud (artículo 19, Nº 9°) y el derecho a la seguridad social (artículo 19, Nº 18°). (STC Rol Nº 1710, considerandos 131° a 135°). En la seguridad social, la acción del Estado, incluida por tanto la del legislador, debe estar “dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes” a las prestaciones de seguridad social.
Dicho rol, como se observa, implica, por de pronto, “garantizar”. Tal mandato conlleva un rol activo, no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo. Enseguida, implica garantizar “el acceso”. Ya se observó por esta Magistratura (STC Rol N° 1710) que esta fórmula era la manera en que la Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias. Finalmente, implica el acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que “todos los habitantes” puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad subjetiva de la seguridad social, pues son todas las personas a quienes el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones.
La disyuntiva de estos tiempos es la discusión entre los que sostienen que los derechos sociales no existen como tales, sino que existen servicios y bienes que deben transarse en el mercado para obtener una mayor eficiencia, y estos bienes y servicios transados por lucro darían respuesta a las necesidades de protección de la gente.
Los que sostienen esta postura, los individualistas mercantilistas (versus el liberalismo igualitario), creen que las personas deben tener la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, educarse y recibir su pensión de vejez. Creen que las fuerzas del mercado permitirán una competencia tal que se garantizará la eficiencia en la provisión de los servicios comprados, así como su calidad.
La realidad, sin embargo, porfiadamente muestra que las cosas no son así. Hoy tenemos más de una generación universitaria que quedará endeudada por décadas como resultado de la “comoditización” de la educación; tenemos a tres millones de beneficiarios de isapres que sufren discriminación por razón de su edad y sexo y un acceso limitado a prestaciones de salud y ningún acceso a cuidados preventivos y de promoción de la salud; y vemos a cohortes enteras de adultos que deben jubilar con pensiones escandalosamente bajas debido la creación de un mercado de capitales a costa del esfuerzo del trabajo de toda una vida.
El problema que se nos presenta es que esta forma de ver el mundo, basado en el neoliberalismo que nos permea hasta en nuestra forma de relacionarnos en familia y en pareja, está entronizado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, está presente en todas las relaciones que se establecen. Y aparece como un mantra que no es posible de cambiar.
Sin embargo, las marchas y las protestas de los últimos tiempos, y el hecho de que hoy haya un gobierno de derecha instalado en la Moneda, con todos sus intereses y conflictos de interés puestos en plena evidencia ante la opinión pública, ha ido soltando la ira crítica de la gente que ya no quiere más que se negocie con cosas que son vistas como bienes públicos esenciales y que deben ser protegidos por la sociedad. Estos bienes incluyen, sin ir más lejos, la protección del medioambiente, el acceso a una educación pública y gratuita, y la protección a la salud y a la vejez.
Entonces, lo que está cambiando es la mirada que tienen estas nuevas generaciones que hoy sacan voz por aquellas generaciones que fueron derrotadas en el pasado, tanto en 1973, como en los 20 años de gobiernos de la Concertación. Estas nuevas generaciones ahora exigen solidaridad en vez de individualismo, igualdad en vez de desigualdad, gratuidad en la provisión de bienes públicos en vez de endeudamiento, por mencionar algunos.
¿Por qué no es posible que se siga pensando en la salud como un negocio? Porque para que exista legítimamente un lucro en salud (o en educación), todos deben poder cobrar su “margen”. Cuando estamos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, hay unos pocos que pueden cobrar ese margen o lucro, y muchos, muchos otros, que no lo pueden hacer, porque son trabajadores asalariados o desempleados. Si yo pudiera cobrarle a mi empleador por mi trabajo, y además un margen que me permitiera “lucrar” con mi trabajo, las condiciones del contrato social del país cambiarían, pero la esencia del capitalismo es la transferencia de “plusvalía” del trabajo al capital. Entonces es impensable que la gente gane por su trabajo con arreglo a la equiparación entre trabajo y capital. Ello no es posible en la medida en que la riqueza y el dinero se concentran en tan pocas familias como ocurre en nuestro país.
Para la gente ya constituye una inmoralidad ser testigos de cómo se hacen negocios con su salud, con su educación, con su vejez. Debemos, en efecto, hacernos cargo de lo que el Tribunal Constitucional señala en su considerando 54 y entender, de una vez por todas, que hay que cambiar el sistema, que hay que cambiar las bases sobre las cuales se ha construido el contrato social de nuestro país. Ojalá los que detentan el poder y la riqueza se allanen de una vez por todas a entender que las cosas no pueden seguir como están. Estos son los intereses que hoy aparecen con desfachatez en todas partes, y que la ciudadanía crecientemente rechaza.
Debemos buscar una forma de relacionarnos que atienda a las necesidades de la gente, que entienda que en la medida que exista desigualdad esta debe ser afrontada y derrotada como sociedad, y que se debe fomentar la solidaridad del colectivo por sobre el individualismo que nos convierte a todos en consumidores y clientes y ya no en personas sujetas de dignidad, por no decir derechos.
Estos tiempos son de cambios profundos, no de hablar de la política pública y su titular o letra chica. Los cambios están ocurriendo en la gente, en su percepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. Esta nueva visión inevitablemente se traducirá en un nuevo tipo de acuerdo social que será el resultado de fricciones y debates que se darán entre múltiples actores sociales y político-ciudadanos. Debemos prepararnos para estar presentes, con toda nuestra fuerza y convicción, para así poder sentar en Chile las bases de una sociedad construida sobre la justicia y la solidaridad, y no sobre el individualismo y la segmentación social.
Dra. Vivienne Bachelet Norelli
Centro de Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile
15 de junio de 2011
